¿Qué pasó con las ciudades que pusieron techo al alquiler?

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El anuncio del ejecutivo de permitir la interferencia pública en la renta dramatiza la rendición del PSOE ante la presión de sus socios de Unidas Podemos, que han estado tratando de introducir de alguna manera la medida desde finales de 2018. Además, no sólo ignora las advertencias del Banco de España y de la Comisión Europea, que el miércoles informó a España que “el control de los alquileres puede reducir la oferta de casas de alquiler a medio y largo plazo y tener efectos indirectos indeseables en la demanda y los precios. ” Además ningunea a la Vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, que hace apenas un mes cuestionó su eficacia en las ciudades del mundo donde se aplicó. La también ministra de Economía se refirió a un informe publicado por el Banco de España un día antes (23 de enero), titulado La intervención pública en el mercado del alquiler de vivienda: una revisión de la experiencia internacional. Bueno, ¿qué pasó en las ciudades que pusieron un techo a sus alquileres?

Daños colaterales en los barrios vecinos de Alemania. Desde 2015, 300 municipios alemanes se incorporaron a la ola de frenar el aumento de los alquileres con la aprobación de los Mietpreisbremse. Esta medida sugiere lo que inspiró al equipo de Pedro Sánchez: permite a los gobiernos de los estados federales (länders) tomar el control de estos tensos mercados por un máximo de cinco años. “Los resultados muestran que esta política ha supuesto un descenso de los precios de alquiler en el segmento regulado, mientras que el control ha provocado importantes incrementos de los precios de alquiler en los segmentos no regulados”, concluye el Banco de España. Berlín ha ido más allá, y recientemente se ha aprobado una nueva ley que impone severas multas a los propietarios que fijen precios ofensivos. La propia canciller Angela Merkel ha anunciado que apelará esta medida como inconstitucional.

Están lloviendo recursos judiciales en París y Lille. En Francia, la posibilidad de regular los ingresos máximos en las ciudades de alta presión se introdujo en 2014 en virtud de la Ley Alur. Se incorporaron dos ciudades a la medida: Lille y París. El bombardeo de las demandas recibidas fue tal, que los tribunales acabaron derogando la normativa en 2017. En este caso, el Banco de España se centra en cómo las dificultades prácticas para controlar los ingresos “han llevado a un aumento de los litigios entre propietarios e inquilinos”. París no se ha dado por vencida y ha anunciado que seguirá congelando los precios mediante la Ley Elan, recientemente promulgada, válida hasta 2023.

Gentrificación en San Francisco. Hay varias ciudades y estados que han decidido limitar el aumento en los Estados Unidos. California, Oregón, Los Ángeles, San José, Washington, Nueva York… En este sentido, como se explica en el informe, “las estimaciones se centran en la experiencia de algunas grandes ciudades y coinciden, mostrando los efectos adversos creados para controlar los precios de los alquileres”. En San Francisco destaca que, si bien han sido eficaces para reducir el desplazamiento de los hogares de baja renta a corto plazo, con el tiempo han “reducido y modificado la oferta de alquiler, contribuyendo a la subida de los precios así como a la gentrificación y al aumento de la desigualdad de la renta a nivel local”. Además, la reglamentación aumentó la construcción de casas para los hogares con mayor poder adquisitivo, con el fin de evitar la reglamentación o para la venta.

Decadencia en los barrios y casas de Boston y Cambridge. También en los Estados Unidos, el informe destacó los casos de Cambridge y Boston, donde los picos se fijaron por encima de la inflación pero por debajo de las subidas del mercado observadas tras la introducción de la regulación. En estas dos ciudades, el informe señala que las restricciones “han reducido considerablemente no sólo el costo de las viviendas de alquiler, sino también el de las propiedades y el equipo en las zonas donde se concentran las viviendas reguladas”.

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